Los comerciantes están preocupados frente al avance de la política recaudadora, particularmente en lo referido a los embargos. Desde la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Natalio Grinman, transmitió esa situación al titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Andrés Vázquez, por la aceleración de esos procesos en el marco de acciones de cobro compulsivo. En particular, la cámara se refiere a la traba de embargos sobre sumas a cobrar por parte de los negocios respecto de los contribuyentes afectados, que son notificados para que retengan los pagos y los depositen a favor de ARCA hasta completar la suma embargada. “No desconocemos que esta y otras medidas cautelares las realiza ARCA en el marco de sus facultades legales y en defensa del crédito fiscal, resultando un accionar lícito; pero nos permitimos afirmar que lo consideramos totalmente inoportuno en las actuales circunstancias”, fundamentó la CAC en la nota que también fue remitida al ministro de Economía, Luis Caputo. La postura de esa entidad fue respaldada por la Federación Económica de Tucumán (FET), cuyo presidente, Héctor Viñuales, planteó la necesidad de que se resuelva la cuestión en un momento de baja del consumo.
Según expuso Grinman, “una amplia proporción de las empresas, en particular las MiPyMEs, atraviesan serias dificultades por la reducción de ventas y márgenes, incrementos de costos, altas tasas de interés y dificultades de acceso al crédito, consecuencia todo esto de desarreglos macroeconómicos de larga data que aún no han podido ser plenamente corregidos, a pesar del mayúsculo ordenamiento que felizmente ha efectuado la actual administración nacional”. Ante ello, advierte la cámara, cortar el flujo comercial puede significar el agravamiento de esas dificultades hasta un punto irreversible, y en las firmas más pequeñas podría ser un estímulo para que opten por la marginalidad. “No dudamos que no es esta la intención de las autoridades de ARCA ni la del Gobierno Nacional, debiéndose a nuestro criterio acompañar a las empresas en dificultades hasta que la situación económica general mejore, como algunos indicios permite atisbar”, acota. Frente a lo expuesto, la CAC solicita que se instruya a las áreas legales de ARCA a evitar este tipo de medidas precautorias y, al mismo tiempo, flexibilizar las condiciones de acceso a planes de facilidades de pago, que permitan encuadrar progresivamente la situación en la regularización voluntaria que no dudamos es el deseo de la enorme mayoría del empresariado. “Esta forma de accionar preservará a la gran mayoría de las empresas y permitirá su adecuación a las nuevas condiciones de la economía, y a la vez posibilitará en el tiempo la recuperación del crédito del fisco”, finaliza.